El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Écija, Eligio García Jódar, compareció en el día de ayer ante los medios de comunicación para informar que su grupo ha mantenido una reunión con los representantes de los vecinos de las 91 viviendas sociales de Estatuto de Autonomía para presentarles el informe jurídico que, a instancias de IU, ha elaborado el letrado sevillano Francisco Tejado Vaca.
Un informe jurídico, en el que el letrado, plantea la posibilidad de instar a la nulidad de todo el proceso mediante el cual fueron adjudicadas las viviendas, mediante subasta pública, a un fondo de inversión privado por el juzgado Mercantil número dos de Sevilla dentro del procedimiento de liquidación de los bienes de la extinta Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico S.A. (SEDESA).
García Jódar, informó que, de acuerdo con dicho informe, el grupo municipal de IU considera que dicho procedimiento podría declararse nulo sobre la base de tres razones fundamentales: En primer lugar, la falta de competencia del Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla para tramitar dicho procedimiento, ya que SEDESA no sería una sociedad puramente mercantil, al ser una sociedad pública con unos fines de interés general.
En segundo lugar, la inembargabilidad de los bienes subastados, de acuerdo con la Ley Concursal, al ser estos bienes públicos cuya finalidad es la protección del derecho constitucional a la vivienda. Y finalmente por el hecho de que en ningún momento del procedimiento judicial se les haya dado participación como parte interesada a los inquilinos de las viviendas, ya que según la ley de arrendamiento Urbano tendrían derecho a que se las cite y a que se les dé un plazo para ejercer el derecho de retracto sobre sus viviendas. Esto significa que debería habérseles ofertado la posibilidad de comprar sus viviendas al mismo precio que ofrecía la empresa que ganara la puja, lo que vienen siendo unos 14.000 euros por vivienda.
En este sentido, García Jódar, anunciaba que IU no va a permitir “que una empresa privada se aproveche de unas viviendas que eran patrimonio municipal, que se construyeron con dinero público de todos para garantizar el derecho a la vivienda de los más desfavorecidos, comprándolas en una subasta judicial por 14.000 euros para luego revenderlas por 60.000, como ya se las han ofrecido a los inquilinos de las mismas, cuando además se les hurta a esos mismos vecinos la posibilidad de adquirirlas por esos 14.000 euros al no permitirles ejercer el derecho de retracto tal y como establece la ley”.
Por tal motivo, el grupo municipal de IU ya ha informado a los representantes de los vecinos de las viviendas de Estatuto de Autonomía que “de forma totalmente gratuita” van a poner a su disposición los servicios jurídicos de IU para “iniciar un procedimiento judicial donde consigamos revertir esta sentencia que nos parece injusta” y que una vez estén todos informados, convocarán una reunión con aquellos que estén interesados en iniciar esta vía judicial.