Los vecinos del municipio sevillano de Écija se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de San Telmo de Sevilla para pedir a la Junta de Andalucía soluciones a la situación que afrontan las familias de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela, en la calle Estatuto de Autonomía, marco en el cual se viene reclamando que la administración regional ejerza su derecho de retracto sobre tales viviendas, para que las mismas no acaben en poder de un fondo privado.
Las citadas 91 viviendas salieron a subasta como consecuencia de la liquidación de la ya extinta empresa municipal Sedesa y fueron adquiridas por un fondo de inversión privado por 1.150.000 euros.
Hasta la sede del gobierno regional se ha acercado también para mostrar su apoyo el portavoz de Unidas Podemos Andalucía, Toni Valero, que ha manifestado que se está ante una lucha "justa y de sentido común" de los vecinos de Écija porque "el PP está poniendo el puente de plata a los fondos buitre, permitiendo que estos se hagan con todo y ahora también con lo que es patrimonio público, como son las viviendas sociales". Ha advertido de que se ha creado "un fondo buitre 'ex profeso' para quedarse con viviendas sociales en las que viven cientos de familias que ahora están literalmente a la intemperie ante las decisiones de un fondo buitre que puede hacer con estas familias lo que quiera".
Se ha mostrado convencido de que esto tiene solución porque la Junta cuenta "con herramientas jurídicas para poder intervenir": "El Gobierno andaluz tiene que ejercer su derecho de retracto y recuperar estas viviendas sociales porque las competencias de vivienda son de la Junta". "Se tiene que dejar de hacer negocio con los bienes públicos, con el bien común, máxime cuando se trata de garantizar un derecho como el de la vivienda, reconocido en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía", ha sentenciado, subrayando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no puede "mirar hacia otro lado".
En la misma línea, el diputado de Unidas Podemos por Andalucía Ismael Sánchez supone "una enorme injusticia cometida con el beneplácito de la Junta de Andalucía, que desde el minuto uno ha dado por perdida la partida, al no ejercer su derecho de retracto, sin ni siquiera intentar mantener el carácter público de estas viviendas, y sin importarle cómo afecta a los vecinos y vecinas". "Creemos que no es justo que sufran las consecuencias de la mala gestión por parte de las instituciones competentes", ha declarado.
Recuerda en un comunicado que las 91 viviendas sociales han sido finalmente subastadas y compradas por una sociedad, "creada meses antes, por 14.000 euros por vivienda, dándose ahora la circunstancia que se las ofertan a los actuales inquilinos por el triple del precio, una actuación inhumana y al más puro estilo capitalista que deja a estas 91 familias en una dramática situación".
Esta acción supone una nueva movilización del colectivo afectado, tras la celebrada en la propia localidad a finales de mes, con el apoyo del Ayuntamiento astigitano, gobernado por David Javier García Ostos (PSOE), asimismo, estuvieron presentes en ese momento diversos cargos socialistas, además de pertenecientes a otros grupos políticos, como Fuerza Ecijana, Izquierda Unida y Podemos Écija.