La delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Sevilla, Susana Cayuelas, ha insistido este martes que "la ley impide que la Junta pueda ejercer el derecho de retracto" en la promoción de las 91 viviendas de protección oficial de La Alcarrachela, en el municipio sevillano de Écija, que salieron a subasta como consecuencia de la liquidación de la ya extinta empresa municipal Sedesa.
Cayuelas ha realizado estas declaraciones tras la concentración llevada a cabo por los vecinos de las citadas viviendas de la calle Estatuto de Autonomía a las puertas del Palacio de San Telmo para pedir a la Junta soluciones y que ejerza el derecho al retracto para que las mismas no acaben en poder de un fondo privado.
A través de un audio difundido por la Junta de Andalucía, Cayuelas señala que la Junta de Andalucía "no es propietaria de esas viviendas" y achaca la situación a la "mala gestión socialista" en el Ayuntamiento de Écija en 2010 y a la "decisión del anterior Gobierno socialista de Andalucía de revocar las ayudas concedidas en su día para la promoción municipal de viviendas, lo que llevó a la quiebra de la sociedad municipal y a la consiguiente administración concursal".
"Es decir, una mala gestión del PSOE en todas las administraciones lleva a estas familias a la situación en la que se ven envueltos, con el agravante de que los mismos que los llevan a esa situación los utilizan políticamente", recalca.
Afirma que desde la Junta "no se va a permitir que el PSOE haga demagogia con las viviendas de estas familias, nuestra prioridad son las personas". "Las 91 familias no están desamparadas y el actual Gobierno andaluz sí va a ponerse al frente y va a ejercer sus obligaciones de protección de esas viviendas durante el periodo legal de protección, de sus inquilinos, sea el titular quien sea el titular, y va a velar por su cumplimiento, porque esas son nuestras competencias", agrega.
Según Cayuelas, "eso significa que los inquilinos o arrendatarios seguirán gozando de los mismos derechos, es decir, precios máximo de alquiler, limitación de usos de las viviendas y, fundamentalmente, derecho de adquisición preferente". "Vamos a hacer lo que el PSOE no ha hecho en los últimos 15 años con estas familias", concluye.